INFORME SOBRE SEGUNDA CONFERENCIA LATINOAMERICANA SOBRE POLITICAS EN MATERIA DE DROGAS

ESCRITO COMPARTIDO POR LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
CAPITULO URUGUAY

Conclusiones y Perspectivas de la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de
Drogas

Con más de 400 asistentes y la presencia de los máximos expertos en políticas de drogas de trece países de América Latina, entre ellos Uruguay, el 26 y 27 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro se desarrolló la II Conferencia Latinoamericana y la I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, el máximo encuentro especializado de la región.

Organizada a nivel regional por Intercambios, asociación civil clave en América Latina en temas de reducción de daños y políticas de drogas desde hace quince años y a nivel local por Psicotropicus, pionera en sacar el debate sobre drogas de la marginalidad en la que se encontraba y traerlo al centro de discusiones cotidianas en Brasil. Con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos de Naciones Unidas, el encuentro se concentró en las reformas legislativas en curso en distintos países, en la inefectividad de las respuestas bélicas al narcotráfico y en las alternativas que vienen gestándose en la región. “En políticas de drogas América Latina va por delante de los Estados Unidos”, concluyeron los participantes luego de dos días de debate.

“En América Latina hemos conseguido perspectivas no colonizadas: existe hoy una posición sobre políticas de drogas a partir de América Latina y no sobre América Latina”, afirmó el secretario nacional de Justicia del Brasil, Pedro Abramovay, al inaugurar las jornadas. Del panel de apertura también participaron Paulo Roberto Yog de Miranda Uchoa, secretario nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD); Pedro Gabriel Godhino Delgado, coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud de Brasil; Luciana Boiteux, coordinadora del Grupo de
Investigaciones en Políticas de Drogas y Derechos Humanos en la Facultad Nacional de Derecho de la Universidad Federal de Río; Luiz Paulo Guanabara, director de Psicotropicus, y Graciela Touzé, presidenta de Intercambios.

La mirada de los organismos internacionales

¿Qué grado de prioridad tienen en sus agendas? ¿Cómo podría incrementarse la atención? Con estas preguntas el panel “Los usuarios de drogas en la agenda de los organismos multilaterales” reunió en una misma mesa a representantes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Programa Conjunto sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la agencia de cooperación Alianza Internacional contra el VIH/Sida.

“Las políticas de drogas tienen que ver con pensar en la prevención, la promoción de la salud y el respeto de los derechos humanos, buscando también la seguridad pública a través del combate al crimen organizado”, señaló Bo Mathiesen, representante regional de la ONUDD para Brasil y el Cono Sur. Por su parte, Pedro Chequer, coordinador de ONUSIDA en Brasil, destacó el rol del movimiento social del VIH y drogas y afirmó que “es necesario expandir la oferta de servicios
para usuarios de drogas seropositivos”.

Desde la OPS/OMS, Marcelo Vila, coordinador subregional en VIH/ITS señaló que los prejuicios y estigma contra los usuarios de drogas también existen en la salud pública: “Si no hay servicios de salud para usuarios de drogas, y si ven que pueden ser prejuzgados simplemente por usar drogas, no buscarán los servicios de salud." En ese mismo sentido, David Rui Villa-Franca, representante del PNUD señaló que desde esta agencia “se prioriza el desarrollo humano en
general y no se restringe a un abordaje de salud exclusivamente”.

Finalmente, Javier Hourcade Bellocq, representante regional para América Latina y el Caribe de la Alianza Internacional contra el VIH/sida, director ejecutivo de Amigos del Fondo Mundial - Latinoamérica y Caribe, afirmó que "en los países donde se encarcela al usuario de drogas, hay mayor prevalencia del VIH".

Descriminalizar y brindar servicios sin condiciones
Evitar la persecución penal de los usuarios de drogas es el primer paso para lograr el protagonismo de las políticas sociales y de salud. Esto quedó claro en el Panel “Políticas socio-sanitarias”, donde se presentaron las experiencias de Portugal y Brasil con una revisión crítica de logros y desafíos.


La primera exposición estuvo a cargo de Manuel Cardoso, miembro del Consejo Directivo del Instituto de Droga y Toxicomanía de Portugal, experiencia citada reiteradamente durante el encuentro por haber despenalizado la tenencia de todas las sustancias en 2001: “El gran marco es tratamiento para todos, sea que vengan o los vayamos a buscar; el segundo es políticas innovadoras, como la reducción de daños”. El funcionario señaló que se guían por “los principios de humanismo y pragmatismo, no negar atención a nadie y usar los métodos científicamente probados”.

Por su parte, Luciana Boiteux, integrante del Consejo Consultivo de la Red Brasileña de Reducción de Daños y Derechos Humanos (REDUC), señaló que el 70 por ciento de las personas detenidas por narcotráfico son varones pobres, detenidos en la vía pública sin armas y con pequeñas cantidades. A partir de estos datos, señaló que las operaciones en Río de Janeiro “son contraproducentes, pues no inhiben el mercado ilícito pero sí traen mucha muerte”. Y concluyó: “Las actuales políticas son inefectivas, pero hay una parte de la burocracia internacional que está acomodada con la situación actual, por eso no cambia”.

El coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil, Pedro Gabriel Godinho Delgado, reconoció que, a pesar del principio básico de la universalidad,”lo cierto es que los servicios de salud se rehúsan a atender a los usuarios que no aceptan la interrupción del uso de drogas”. Propuso dos tareas: 1) atraer al usuario de drogas a partir de terapias que no se basen en condiciones de abandono total, “porque se convierten en un chantaje” y 2) brindar tratamientos no obligatorios e integrales, “con todas las áreas necesarias para disminuir la vulnerabilidad social”.

El moderador de la mesa, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, Milton Romani, señaló que las estrategias socio-sanitarias presentadas coincidieron en señalar la necesidad de llevar el tema de las drogas al campo de la salud, descriminalizar a los usuarios y atención universal sin estigma ni discriminación como requisitos para lograr respuestas efectivas.

De la guerra contra las drogas a su impacto en los usuarios

La complejidad de las drogas no puede entenderse si no se abordan, a la vez, sus múltiples caras. Por un lado, producción y tráfico, fuerzas armadas y corrupción política. Por otro, pobreza y desigualdad social, condiciones estructurales de las sociedades latinoamericanas. Entre ambos, las políticas sociales y económicas de cada país de la región. La mesa “Determinantes estructurales de los problemas asociados a las drogas” buscó reunir todas estas caras en
un mismo panel. Ethan Nadelmann, de Estados Unidos, Luis Astorga de México y los brasileros Tarcisio Matos de Andrade y Monica Malta aceptaron el desafío.

Nadelmann, fundador de Drug Policy Alliance (DPA), señaló que Estados Unidos “ha impuesto durante cien años su visión sobre las drogas, por eso existe la falsa creencia de que hay que cambiar las leyes en Estados Unidos primero, pero esto no es cierto”. Y puso como ejemplo la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, porque “por primera vez ex presidentes se atreven a cuestionar la prohibición, proponen claramente de la descriminalización de la marihuana y promueven las medidas de reducción de daños”.

La situación en México a partir de la llamada lucha contra el narcotráfico, dramática e inédita en términos de muertes, fue analizada por Luis Astorga, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien presentó una línea histórica para demostrar “el vínculo que siempre ha tenido el narcotráfico con los distintos partidos políticos, y esta connivencia es lo que hace difícil cambiar algo”.

A su turno, Tarcisio Matos de Andrade, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Bahía y coordinador del Servicio de Extensión “Alianza de Reducción de Daños Fátima Cavalcanti” se concentró en los condicionantes ligados a la estigmatización. Puso como ejemplo la campaña vigente en Salvador de Bahía que se llama “Crack: prisión o cajón”. “¿Qué nos dice este mensaje? Que la sociedad sólo tiene para ofrecer al usuario de drogas la muerte o la prisión”, señaló. Y advirtió que “si bien el consumo de drogas se distribuye en todas las clases sociales, los tratamientos son sólo para las clases acomodadas”.

Finalmente, Monica Malta, de la Fundación Instituto Osvaldo Cruz (Fiocruz), especializada en investigaciones científicas sobre salud señaló que es una dificultad conocer en profundidad la situación de la población usuaria de drogas debido a la estigmatización y presentó el método Respondent Driven Sampling (RDS), donde el investigador es de la comunidad y llama a otros amigos. Con esta metodología entrevistaron en diez municipios a 3.500 usuarios de drogas y llegaron a la conclusión de que en Brasil los usuarios de drogas inyectables que viven con VIH son una población más vulnerable que otras personas que viven con el virus, porque acceden menos a los servicios de salud. Matos concluyó: “Brasil es conocido mundialmente por su respuesta al VIH/Sida, pero la población de usuarios de drogas no accede a estos beneficios”.

Nuevas leyes para un nuevo paradigma

En el panel “Reformas legislativas en América Latina” se llegó a un diagnóstico común: la legislación vigente en materia de drogas ha creado nuevas delincuencias, ha hecho trizas el tejido social y ha destruido el medio ambiente. En síntesis, ha generado Estados favorables a la violación de los derechos humanos. “En la mayoría de los países de la región las leyes
sobre drogas son regímenes especiales, lo que quiere decir que son de carácter excepcional y esto va en desmedro de las garantías fundamentales de los procesados, porque las penas son desproporcionada y las prisiones están llenas de mulas atrapadas en el sistema carcelario y no de grandes traficantes”, afirmó Freddy Pavón Rivera, viceministro de Justicia del Ecuador

“Es un desafío diseñar una política de drogas porque es un tema sensible, los estados no tienen libertad absoluta. Llama la atención que el mismo organismo que promueve los derechos humanos promueve la guerra contra las drogas”, señaló el funcionario, en una crítica velada a algunas de las agencias de las Naciones Unidas.

La representante argentina, Mónica Cuñarro, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción, consideró que “debe aprovecharse UNASUR como una ventana para encontrar consensos para avanzar en la defensa de los derechos humanos. porque son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Los derechos humanos no nos los darán los legisladores, hay que pelearlos y construirlos comoocurrió
después de la II Guerra Mundial”.

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Jorge Ruibal Pino, advirtió que “una buena legislación sobre drogas no es garantía de justicia ni respeto a los derechos humanos” y recordó que su país desde 1974 tiene una ley en la que el usuario está exento de pena por posesión mínima para consumo personal. “Realmente ha sido un largo proceso de la sociedad construir los mecanismos para garantizar los derechos de las personas”, aseveró.

Finalmente, el diputado federal experto en drogas, Paulo Teixeira, impulsor del primer proyecto de ley que se sancionó en San Pablo sobre el tema, destacó los estudios que fueron presentados a lo largo de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña sobre Políticas de Drogas, que revelan que las personas privadas de su libertad por delitos asociados a las drogas son en su mayoría las más pobres. “Todo esto da cuenta de que hace falta una reforma de la ley de drogas, que en su espíritu es progresiva pero no basta para diferenciar a los grandes narcotraficantes de quienes consumen o están en el menudeo”, concluyó.

Un camino que ya se ha iniciado

El día viernes, en sesiones paralelas, se realizaron una reunión de Jóvenes y Políticas de Drogas y otra sobre Usuarios de Drogas, quienes leyeron sus conclusiones en el cierre del encuentro. “No somos parte del problema, podemos ser parte de la solución”, afirmaron los jóvenes.

La conferencia se realizó con el patrocinio de Fundación Open Society Institute; el British Foreign and Commonwealth Office; el Programa Nacional de ITS, SIDA y Hepatitis Viral del Ministerio de Salud del Brasil; el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud del Brasil y Viva Rio.

Además contó con las adhesiones de organismos de Naciones Unidas: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA); Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD); Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y otras organizaciones internacionales y brasileñas: Comisión Económica para América Latina (CEPAL); Secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos de Organización Panamericana de la Salud - Uruguay Brasil (SEASDH); Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC); Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA); Transnational Institute (TNI); Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Drug Policy Alliance (DPA); Coalición Norteamericana de Reducción de Daños (HRC); Federación Internacional de las Universidades Católicas (FIUC); Asociación Brasileña de Reductores de Daños (ABORDA); Núcleo de Estudios Interdiciplinares sobre Psicoativos (NEIP); Red Brasileña de Reducción de Daños (Reduc); Grupo Candango de Criminología (GCCRIM); Colectivo Dar y el Grupo Latinoamericano sobre Políticas de Drogas (GRULAD).

Al finalizar el encuentro, desde la asociación civil Intercambios y la organización Psicotropicus, organizadoras regional y local respectivamente, se destacó el nivel de participación y la relevancia de los aportes “para construir políticas que permitan abordar los problemas asociados a las drogas de forma efectiva y desde una perspectiva que garantice los derechos humanos”.

Además, destacaron la importancia de la II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasileña para instalar en la agenda pública el debate social informado sobre drogas y celebraron la posibilidad de, en 2011, realizar un nuevo encuentro en otro país sede de la región.